Reflexiones sobre educación. Inversión o gasto

Desde un punto de vista conceptual, creo importante resaltar que el Estado debería ver la educación como una inversión y no como un gasto mas del conjunto de partidas presupuestarias del país. Con este planteamiento, el Estado  debería visualizar la educación como un derecho fundamental del ciudadano y con un carácter, prioritariamente público y gratuito, con el fin asegurar por un lado, la igualdad de acceso, y por otro  el desarrollo del concepto de libertad en la sociedad, en la dimensión preventiva que tiene la educación de evitar la alienación del individuo.

No obstante, cuando las circunstancias económicas de un país son muy desfavorables, como por ejemplo, en la España actual, y supuestamente es necesario llegar a un equilibrio económico minimizando las asignaciones presupuestarias de manera integral, los ajustes en esta materia y su repercusión en el ciudadano deberían ser mínimos. En el caso  de tener que afrontar ajustes concretos, vía el incremento de las tasas universitarias, el citado proceso debería de contemplar, como mínimo, una definición clara de la aportación del Estado, un sistema variable tipo Bonus – Malus, un sistema objetivo de becas y ayudas, un sistema de intervención del Estado para equilibrar el binomio oferta – demanda en el ámbito educativo, y por último, un sistema de préstamos financieros blandos asociados al proceso educativo, pagaderos cuando se disponga de trabajo. En cualquier caso, las variables que entiendo podrían ser complementarias entre si y que definirían un escenario más objetivo y justo a la hora de determinar la aportación del ciudadano al coste final de un proceso educativo universitario, se podrían sintetizar en:

  1. Definir el grado de subvención mínimo que el Estado asume en referencia al proceso educativo, al margen de la situación económica de cada momento, que se podría situar en un 65 %  del coste total.
  2. El diferencial de coste a repercutir en el ciudadano deberá de estar matizado, en positivo o negativo, en base a los siguientes conceptos:
  • Poder adquisitivo real.
  • Adecuado progreso académico
  • Simultaneidad del desarrollo de acciones (ejemplo, estudiar y trabajar a la vez)
  • Fomentar el beneficio colectivo, al aplicar niveles prácticos de coherencia entre el análisis educativo de la oferta y la demanda, suscitado por las necesidades laborales reales del país.
  • Valorar y determinar criterios de homogeneidad en el acceso real de los individuos al proceso educativo, en referencia a las circunstancias derivadas de su ubicación geográfica, familiar, pertenencia a colectivos con protección, etc.

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